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Desde que el Presidente
Santos invitó al país a reunirse plenamente para poder lograr un acercamiento
con la Guerrilla y que de ahí se desenvolviera lo que en este momento es su
carta política más arriesgada, como lo es el proceso de paz, el cual atraviesa
por uno de los momentos más álgidos por la arremetida de atentados perpetuados
en varios municipios y regiones del país y posteriormente por las declaraciones
de un nuevo desescalamiento del conflicto, no se había vuelto a nombrar la tan
conocida y temida frase del falso positivo. Tal vez por un afán de enumerar
resultados a la reciente agudización de la violencia, se legitimó acusar a
ciudadanos que hacen parte de movimientos sociales, muchos de ellos defensores
de derechos humanos y gestores de cambio, quienes se vieron involucrados en los
actos de terrorismo cometidos recientemente en la ciudad de Bogotá.
Nuevamente la cultura del
falso positivo salió a flote, manchando el buen nombre de la mayoría de jóvenes
detenidos al ser acusados de pertenecer a células urbanas del ELN. Lo curioso
del caso es que estos muchachos, que en su mayoría no pasan de los 26 años,
pertenecen al movimiento social y político Unión Patriótica y adelantan
estudios en universidades públicas como la Nacional y la Pedagógica, otros son
defensores de derechos humanos o periodistas en el cubrimiento de agenda en
temas de conflicto y paz. Coincidencia?...
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| Fotografía Noticias Caracol |
Este caso sería un duro golpe a la legitimidad
de la narrativa del actual Gobierno, sí estos jóvenes llegan a ser exonerados
de sus acusaciones, pues por una afán de mostrar resultados, se volvió a caer
en el error de estigmatizar al movimiento social y perseguirlo sin ninguna
medida.
Es curioso percibir que las
pruebas tajantes que revela la Fiscalía para culpar al grupo de falsos
positivos judiciales, son pintorescas y sí se puede decir, un poco
artificiales; acusarlos por libros,
links en las redes sociales y vídeos que no dicen nada, pero que por una cuestión de honor y ego, podrán ser utilizadas en contra de estos jóvenes al
menos para judicializarlos ante la ley.
Este hecho dejó evidenciar
lo frágil que está la seguridad del país, donde no se sabe quién ataca y por
qué, y ante esta anomalía de dirección, como siempre, van a caer los que menos
tienen que ver en el asunto, que por ideologías y por empoderamiento de ideas
paralelas de cambio, son acusados de terroristas y simpatizantes de movimientos
políticos ya extinguidos, pareciese que el país retrocediera en su evolución
democrática y volviera a postrarse en el estatuto de seguridad del Gobierno de
Turbay Ayala.
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Por si fuera poco, el
protagonismo que quisieron darse marionetas del sistema como Rodrigo Pardo y
Francisco Santos, al presentarse minutos después de las explosiones, es un acto
tan de baja estirpe que deja pensar en que grado los enemigos de la paz pueden
ser responsables en estos hechos que atemorizaron a la ciudad capital.
El proceso sigue y sí hay
culpables que paguen pero que sea por pruebas contundentes, porque no se puede
jugar al gato y al ratón en una sociedad que le inquieta su seguridad pero que
a la vez le impiden pensar de forma diferente. Renuentes al cambio o no, el
Gobierno de Santos seguirá sentado en la mesa de negociación, con cuatro meses
para revisar el cumplimiento del nuevo cese unilateral de las FARC, pero no hay
que olvidar que la paz no se va a lograr
solo con el hecho de cubrir todos los puntos acordados, una paz se fomenta
desde adentro, desde el cambio de mentalidad, la tolerancia y la plena garantía
del respeto a los derechos humanos para así lograr eliminar la frase del falso
positivo de nuestro léxico deteriorado por tanta guerra, volver a ser persona,
ciudadano y no un simple número para llenar unas estadísticas.



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